El Gobierno declara terrorista Hamas mientras espera pasar un examen internacional sobre lavado de dinero

Mientras crece el debate sobre si la Unidad de Información Financiera (UIF) debe tener facultad de querellar en un juicio por corrupción, en marzo llega una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar el rendimiento de la Argentina en la lucha contra el lavado de dinero con posibilidades, otra vez, de volver a quedar en la “lista gris” de los países que combaten a medias ese flagelo.

Como fuerte señal frente al mal desempeño de la lucha contra la plata negra en el gobierno de Alberto Fernández, el presidente Javier Milei firmará en los próximos días el decreto que incluirá a Hamas en la lista de organizaciones terroristas y la UIF tomará sanciones financieras contra sus miembros, como hizo contra el Hezbollah del Líbano durante la gestión de Mauricio Macri.

EE.UU e Israel desde el sangriento ataque del 7 de octubre que dejó un saldo de 1200 israelíes asesinados están pidiendo esa medida contra el grupo terrorista palestino, que el kirchnerismo no quiso sancionar. La semana pasada, el gobierno de Milei avaló el envío del avión venezolano-iraní de Emtrasur a la Justicia de EE.UU, en otro gesto de acercamiento a la administración de Biden.

El proyecto de decreto circula desde esta semana entre los ministerios que tienen que avalarlo como Justicia, Seguridad, Economía y Defensa, contaron voceros oficiales a Clarín.

Otro gesto fue reemplazar a la representante argentina ante el GAFI nombrado por el kirchnerismo Jimena Zicavo por la experta y actual secretaria de un juzgado federal Marcela Currais.

Sin embargo, en la transición de la UIF hubo un cortocircuito.

El 28 de diciembre, a las 15 horas aproximadamente, las nuevas autoridades propuestas para ese organismo clave Ignacio Yacobucci (40 años) -presidente-, Manuel Tessio (40 años) -vicepresidente-, más Currais se reunieron con titular saliente de la UIF Juan Carlos Otero, vinculado a La Cámpora. Del encuentro, también participaron el jefe de gabinete del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Nicolás Vergara y Hernán Zavalía Lagos. Este es un experto de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos (FAPLA).

Durante la reunión “se detalló el estado actualizado de todas las áreas de UIF y se les dio el Informe de gestión a diciembre de 2023”, informaron fuentes judiciales a este diario. Finalizado, el encuentro “se quedó Zavalía con Otero” en el despacho del titular de la UIF sobre la avenida de Mayo 761. Días más tarde hubo una “segunda reunión entre Yacobucci, Tessio y Otero”, afirmaron las fuentes. Esta vez, “a los visitantes les hicieron firmar un acta tomando conocimiento del secreto de la información y los delitos que se cometían con su divulgación”, agregaron las fuentes. Es que la ley impone el secretismo alrededor de la UIF que puede acceder a los movimientos financieros de los argentinos.

Voceros del ministerio de Justicia explicaron que Zavalía Lagos fue con Yacobucci porque “es un hombre de confianza del ministro Cúneo Libarona y ha sido contratado como asesor”. Fue como “soporte de experiencia” del propuesto presidente. Para las fuentes del ministerio de Justicia “fue impertinente” su presencia, pero no un delito, porque aún no fueron formalmente nombradas las nuevas autoridades de la UIF. La UIF pasó de la órbita del ministerio de Economía al de Justicia con el cambio de gobierno, aunque es un organismo autárquico de la administración de turno.

Yacobucci, actual secretario de la Cámara de Casación Penal e hijo de un conocido juez fue postulado por el Gobierno para presidir la UIF. Mientras que el abogado Manuel Facundo Tessio fue propuesto como vicepresidente. Cúneo Libarona recurrió a dos jóvenes de 40 años con laureles académicos y experiencia judicial pero no en la UIF porque dos veteranos en la materia rechazaron el cargo por los bajos sueldos que se pagan en comparación con los ingresos del ejercicio de la profesión.

Ambos deberán atravesar una audiencia pública, prevista para el 31 de enero, en el ministerio de Justicia, luego de haber recibido objeciones o avales por escrito. Tras ese acto si no media escándalos, el presidente Milei podrá firmar el decreto para su designación.

Hasta el 31 de enero, las ONG, los colegios de abogados y asociaciones profesionales, y las entidades académicas están habilitados para presentar opiniones sobre los candidatos.

En el currículum de Yacobucci, expuesto en Internet, se señala que es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en 2007 y contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina en el año 2017. Es Magister por la Maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (2018), entre otros títulos. Se desempeñó en diferentes ámbitos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito académico es Profesor en las Maestrías de Derecho Penal y Derecho Tributario de la Universidad Austral y profesor adjunto en la carrera de Abogacía en la misma casa de estudios, entre otras materias.

Por su parte, Tessio es también egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral en 2013. Realizó la Maestría en Derecho. Desde 2018, se desempeña como Socio en el estudio Laporta Abogados. Previamente, trabajó como Abogado Top Senior en el Departamento de Derecho Penal Económico del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados de 2014 a 2018, y antes como escribiente auxiliar en la Fiscalía General N°. 2 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en 2014. En el ámbito académico, es Profesor Adjunto Profesional en la cátedra de Derecho Penal II de la carrera de abogacía de la Universidad Austral. Desde el año 2018, ocupa el cargo de co-coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

Hace unos días, en el marco del Programa de Lucha Contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de los EE.UU implementado por la firma K2Integrity con sede en Washington, representantes clave del sistema financiero nacional se reunieron para abordar el proceso de la evaluación mutua del GAFI. El ex titular de la UIF y director de K2Integrity, Mariano Federici resaltó que “dada la naturaleza transnacional de los delitos contra el orden económico financiero resulta fundamental cooperar internacionalmente, incluso a través de estos ejercicios de evaluación mutua, para contribuir con la estabilidad financiera global y la paz y seguridad internacional”.

Participaron del encuentro Federici (Director de K2Integrity), Esteban Fullin (Secretario Ejecutivo de GAFILAT), Silvina Rivarola (Directora de GRUPO EGMONT), Martin Verrier (Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad), Nicolas Ramírez (Asesor del Ministro de Justicia de la Nación), Agustín Pesce (Director del Banco Central de la República Argentina), Hugo Flores Lazdin (Presidente de ABE), Francisco Gismondi (Gerente General de ADEBA), Agustin Flah (Jefe de Prevención del Lavado de Activos, Compliance y Fraude de ICBC Argentina – Representante de ABA),Marcelo Mazzón (Director Ejecutivo de ABAPPRA), Yacobucci (Nominado para ocupar el cargo de Presidente de la UIF) y Santiago Bausili (Presidente del Banco Central).

Durante el encuentro, Yacobucci dio un lacónico discurso pero entre los participantes cayó muy bien una frase con la que asumió su compromiso de ser “independiente y autónomo” del Gobierno de Milei y de los bancos y financieras, entre otras empresas, que deberá controlar.

Por su parte, Federici esta semana dijo en Twiiter que “no puedo dejar pasar el comentario del actual Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona utilizando los mismos argumentos de las defensas de los acusados de corrupción del kirchnerismo (la persecución política, la guerra judicial, etc.) como fundamentos para eliminar la facultad de querellar del organismo.

“El argumento de la “persecución” no es más que la construcción de un relato falso, carente de toda razón y moral, donde quienes protagonizaron uno de los periodos más corruptos de la historia argentina, pretenden hacer creer que son víctimas inocentes por razones meramente políticas”, agregó el experto que dirigió la UIF durante la gestión de Macri.

Estos chisporroteos se dan unas semanas antes de la evaluación del GAFI, que será la cuarta para la Argentina desde su creación en 1989 de la mano de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico del mundo occidental (OCDE). El proceso terminará en octubre de este año cuando el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el llamado Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina. En otras palabras, si en los últimos años la Argentina cumplió con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo internacional.

La última evaluación que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner cuyo marido había filtrado a la prensa en el 2007 un informe del FINCEN (la UIF de los EE.UU.) para tratar de vincular al candidato opositor Francisco De Narváez con el narcotráfico, en una grave violación a la confidencialidad. Y como el país no había alcanzado con una cantidad mínima de condenas por lavado, por ejemplo, fue incluido en la lista gris del GAFI, lo que implica sanciones financieras.

Federici dijo a Clarín está preocupado por la evaluación que hará el GAFI porque, a su criterio, durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner “la Argentina retrocedió en materia de lucha contra el lavado”.

El experto recordó que la UIF, en manos primero de Carlos Cruz y luego de Otero, “se retiró como querellante en causa de lavado como Hotesur y los Sauces, la Ruta del Dinero K y los Cuadernos de las Coimas” en la que está imputada la ex presidenta. Además, no se actualizó la legislación en “temas como las criptomonedas que se ha convertido en otro mecanismo de lavado internacional”.

La Argentina hasta está desactualizada en temas como el monto de las sanciones administrativas a los sujetos obligados de elevar reportes de operaciones sospechosas a la UIF: “la multa máximo es hoy de unos mil pesos”. Y un proyecto de ley para actualizar la legislación “quedó en la cámara de Diputados y no fue incluido por Milei en las sesiones extraordinarias” del Congreso.