Los gobernadores de Juntos por el Cambio lanzaron ayer un ultimátum al gobierno nacional: en el marco de la discusión por la «ley ómnibus» no quieren saber nada con las retenciones y buscarán compensaciones financieras para aliviar las respectivas crisis en sus provincias.
Los mandatarios del PRO y del radicalismo, entre ellos Leandro Zdero, dialogaron por Zoom y fijaron postura común en torno al proyecto de la administración de Javier Milei de aplicar alícuotas del 15% a distintas producciones regionales; y de subirlas dos puntos porcentuales a la soja y derivados.
La novedad de este segundo encuentro de los jefes de JXC fue la participación de diputados de los bloques legislativos aliados a esa fuerza.
Cualquier definición que emane de este espacio cobra relevancia si se tiene en cuenta que el gobierno de Milei confía en tenerlos como aliados en el Congreso a la hora de votar la «ley ómnibus».
Según precisó un artículo del diario Clarín, la cumbre virtual comenzó a las 10, terminó alrededor de las 13 y fue casi una réplica del contacto de la semana pasada.
Pese a la expectativa de que saliera una definición, surgió una suerte de cuarto intermedio y la posición sigue teniendo diferencias entre los diputados y los gobernadores por cómo pararse frente al mega proyecto al que la Casa Rosada quiere darle media sanción esta semana.
Hubo, no obstante, algunos puntos que se aclararon: no se aceptará la suba de retenciones al campo que promueve el proyecto y se insistirá con la reversión de los cambios en el pago del impuesto a las Ganancias que había decidido en octubre el gobierno de Alberto Fernández y que le quitaron fondos millonarios a las provincias.
También se decidió acompañar el planteo de la Ciudad de Buenos Aires sobre fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que obliga al Gobierno a devolver fondos coparticipables que le quitaron.
Como alternativa, se proponen que en lugar del aumento de retenciones y de la reversión de Ganancias, el Gobierno avance sobre los gastos tributarios de más de 4,5% del producto, que agrupan más de 30 tratamientos particulares de exenciones, subsidios y regímenes especiales impositivos que podrían ser utilizados como mecanismos de compensación a las provincias.
Así, se le pasa la pelota a Milei en lo que tiene que ver con el ajuste del déficit. Por eso se le pide que coparticipe a las provincias con impuestos que no son coparticipables actualmente, como parte del compromiso que se asumió en su momento.
El argumento es que el 70% del ajuste es sobre las finanzas de las provincias y que sólo es «maquillaje» el ajuste que se hizo sobre lo nacional, consignó el medio de prensa porteño.
El encuentro de ayer fue entre actores clave de los tres espacios legislativos más representativos de la oposición, exceptuando al kirchnerismo. Se trata de la antigua estructura de Juntos por el Cambio, hoy separada entre el PRO -37 diputados-, la Unión Cívica Radical -34- y Hacemos Coalición Federal -23-.
Resultan determinantes para que el Gobierno avance con la ley, ya que le permitiría lograr mayoría, sumando los 38 votos propios de los libertarios.
En la reunión dijeron presentes los jefes de cada bloque: Rodrigo De Loredo por la UCR; Cristian Ritondo, por el PRO; y Miguel Pichetto junto a Nicolás Massot y Soledad Carrizo, por Hacemos Coalición Federal.
También estuvieron ocho de los diez gobernadores de Juntos Por el Cambio: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Caba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Alfredo Cornejo (Mendoza). En cambio, no participaron Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes).
Qué cambios piden los gobernadores y jefes de bloque
Clarín indicó que de acuerdo a fuentes consultadas, se volvió a insistir en una doble reflexión, generalmente compartida, de que por un lado el Gobierno está haciendo un ajuste fiscal que es indispensable y necesario, que los gobernadores apoyan, pero a la vez esas variables de ajuste recaen sobre las espaldas de las provincias.
En ese sentido, desde el sector de los gobernadores hay una matriz en la que coinciden en que los recortes del gasto propuestos por el oficialismo son en cuestiones que los afectan: obra pública, fondo incentivo docente, fondos de salud, los fondos de la cajas jubilatorias no transferidas, es decir, básicamente transferencias a las provincias. Y por el lado de los ingresos, sostienen en las charlas, sube impuestos que no son coparticipables, como las retenciones y el impuesto PAÍS, que lo aumentó por decreto.
Uno de los más críticos del proyecto del mileísmo tal como está es el santafesino Pullaro, que ayer, lo dijo claramente. «No comparto la mirada de que para cerrar el déficit fiscal se deba gravar con retenciones al sector productivo: se sale con más producción, no con más impuestos».
«El esfuerzo del camino hacia el equilibrio fiscal tiene que ser compartido y de todos los poderes del ejecutivo: nacional, provincial y municipal», aportó, ayer, una fuente cercana a la mesa de dirigentes que participó en la reunión por Zoom.
Si bien hay un sector de los legisladores, con Ritondo y Pichetto a la cabeza, más proclives a dar el aval a la Ley Ómnibus, todos comparten la idea de que se tiene que seguir trabajando en la letra fina del proyecto antes de ratificarlo.
Entre semana hubo otra reunión vía Zoom, pero también se estuvo lejos de llegar a un acuerdo para apoyar la ley. Estuvieron presentes casi todos los mismos actores opositores que se vieron la cara este domingo.
Los referentes de Juntos por el Cambio, nucleados en estos tres nuevos espacios que se mueven en bloque, alertan que el Gobierno no les dio respuesta a ninguno de los cambios pedidos, incluso pese a haberse reunido recientemente con los ministros de Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Luis Caputo.
El diálogo con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco fluye como se esperaba, lo que hace analizar a los referentes opositores a presentar un dictamen de minoría si el Gobierno no habilita la mesa de diálogo que viene pidiendo. Ese texto contendría un 80% de los cambios que promueve la Rosada en el proyecto, pero modifica el resto, sobre todo lo vinculado a cambios impositivos y fiscales.
Resistencia
El principal punto de tensión son las retenciones a las economías regionales contenidas en el texto de 664 artículos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Es un impuesto que, al aplicarlo, lesiona directamente intereses de las provincias. Y algo central: no es coparticipable. Es decir, se trata de un gravamen que recauda el Gobierno nacional sin necesidad de distribuirlo con las provincias.
Esa situación genera un desequilibrio del federalismo fiscal, al desbalancear la recaudación entre las provincias respecto al Estado nacional.
De llevarse adelante, Milei podría ajustar cerca de 2% del Producto Interno Bruto (PIB) con el foco puesto en alcanzar el 2% de superávit primario que exigió el Fondo Monetario Internacional.
Se trata de un modo de recaudar «fácil» para la Casa Rosada, sin coparticipar esa masa de fondo, y generando plafón político: ese esquema le da a Milei poder de fuego para disciplinar a los gobernadores, lograr gobernabilidad, con ese manejo discrecional del dinero recaudado por retenciones.
La postura de los diez gobernadores de la UCR y el PRO es concreta: si no sacan las retenciones, no votarán la «ley ómnibus».
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