Trabajo no ve irregularidades en los becarios de Nacho Cano y respalda su versión

Martes, 1 de octubre 2024, 23:25
El Ministerio de Trabajo parece haber dado la razón al principal argumento expuesto por Nacho Cano en su defensa dentro de la causa abierta por un juzgado madrileño sobre la supuesta situación irregular de sus becarios. Los inspectores del departamento que dirige Yolanda Díaz ha certificado que los 17 aprendices mexicanos del musical ‘Malinche’ dirigido por el músico, compositor y cantante estaban en regla y no tenían por qué estar incluidos en el sistema de Seguridad Social ya que realizaban una formación «no reglada».
Así se recoge en el informe remitido al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid a petición de su titular, en el marco de la investigación a Nacho Cano por la presunta comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra los derechos de los trabajadores. En él se señala que «no existen evidencias que indiquen que las prácticas desarrolladas por los becarios en la referida empresa impliquen una relación laboral encubierta», recoge el texto citando el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores, informa Europa Press.
En la misma línea, el documento reitera que estos alumnos «realizan una formación no reglada» y, por tanto, «no incluida en el sistema educativo, por lo que no es necesaria la inclusión de los becarios en el sistema de Seguridad Social».
Actuación por sorpresa
La inspección se realizó «sin previo aviso» a la empresa y a petición de la Policía Nacional. Los agentes y la funcionaria de Trabajo irrumpieron en la Parroquia San Juan de la Cruz de Madrid, donde se encontraban diversas personas recibiendo clases de canto, interpretación, flamenco y entrenamiento personal.
Durante un largo periodo de tiempo, la inspectora recabó documentación sobre las condiciones de empleo de los becarios y se entrevistó con ellos.
Tras conocerse la apertura de diligencias, el pasado 9 de julio el compositor compareció ante los medios y manifestó que su paso por comisaría se debía a su «apoyo» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificando la actuación de «persecución política» y señalando directamente al Ejecutivo de Sánchez.
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