Martes, 30 de julio 2024, 11:32
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha abierto diligencias contra el productor Nacho Cano por, supuestamente, mantener a una veintena de becarios de forma irregular en su musical ‘Malinche’ que actuaron como bailarines. La juez sostiene que antes de llamar a declarar a Cano y a otros investigados pone en marcha varias diligencias, como citar a la denunciante y sus compañeros, pedir información a la Seguridad Social, la Comunidad de Madrid, el Registro Mercantil y la Inspección de Trabajo.
La magistrada, que llamará a declarar al productor y tres colaboradoras en calidad de investigados, ha acordado emprender indagaciones contra Nacho Cano y por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores del musical ‘Malinche’. Según la jueza, Cano debería haber firmado un contrato laboral con los jóvenes y suscrito el alta de los trabajadores en la Seguridad Social.
Los seleccionados por el cantante entraron en España como turistas por un periodo máximo de 90 días, superado el cual pasaban a la situación de irregulares. «El ánimo de engañar o inducir a error en las autoridades españolas a la hora de trasladar a los bailarines dentro de las fronteras nacionales viene afianzado por la demora en la tramitación de las respectivas solicitudes de autorización por estudios».
Los bailarines llegaron a España entre el 2 y el 10 de diciembre de 2023, pero no fue hasta el 27 de enero de 2024 cuando Nacho Cano y gente de su equipo solicitaron la estancia de estudios para todos los elegidos.
Así las cosas, los miembros del elenco artístico «alargaron su estancia vacacional» sin necesidad de justificar los motivos de su presencia en España. De acuerdo con la resolución, se desprende que Nacho Cano y las tres mujeres «se estarían lucrando de la actividad laboral de sus seleccionados, quienes, tras un breve periodo de aprendizaje de canciones y coreografías, pasarían a trabajar en el musical, representado en el recinto ferial de Ifema». A la vista de los hechos, los bailarines percibieron una cantidad económica por actuar «por debajo de convenio» y pasaron penurias, hasta el punto de que tuvieron que «recurrir a familiares y ahorros personales para lograr subsistir cada mes». Los becarios ensayaban el musical junto a algunas bailarinas que formaban parte del reparto oficial.
Antes de cruzar la frontera española, los bailarines extranjeros, procedentes de México, fueron aleccionados por una mujer, Roxana Gabriela, para que en el control dijeran que viajaban «en calidad de turistas», al tiempo que les advirtió de que no debían «mencionar en migración» que iban a estudiar. «Estas indicaciones continuarían en mensajes siguientes en los que Roxana les orienta indicando los documentos que deben llevar para sortear el control fronterizo; igualmente se da a los seleccionados billetes de regreso sin intención de utilizarlo a fin de sortear ese control».
La denunciante, llamada Lesly Guadalupe, declaró a la juez que la compañía se iba a hacer cargo del alojamiento, el gimnasio y la comida del mediodía de todos los participantes, y que cobrarían 300 euros para gastos personales. «Los seleccionados son también advertidos por Roxana de que iban a ser becados, por lo que no podían trabajar en ningún otro empleo excepto en la discoteca ‘Templo Canalla’, donde podrían obtener unos ingresos extras», según el escrito de la jueza.
Source link
