Los fiscales generales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón continuaron este martes con la etapa de alegatos en el juicio contra la exintendente de Resistencia, Aída Ayala, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y otras 15 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo. El juicio retomará el 8 de febrero de 2024.
En esta última jornada, Carniel desarrolló su alegato por más de dos horas y entre sus definiciones apuntó que si PIMP S.A. empezó a tener perjuicio económico, tal como alegaron empresarios durante el juicio, «no fue durante la gestión de Aída Ayala, porque durante su mandato se pagó ese contrato irregular».
Para el fiscal, Ayala «era la garantía de que ellos iban a cobrar» y que esta red contó con un «actor fundamental» que «hizo presión para que no se dé de baja este contrato, que era la actitud beligerante del líder del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo». Esto respondiendo a la continuidad del contrato entre la Municipalidad y la empresa cuestionada posterior a la gestión de Aída.
De hecho, Carniel recordó que cuando Jorge Capitanich, entonces intendente de la capital chaqueña, anunció la suspensión del contrato con PIMP, Sampayo «empieza a estimular la quita de colaboración por parte de los empleados municipales en la recolección de residuos. Fueron días sin recolección de residuos y movilización kilométricas por las calles de la ciudad. Esta no es una presión menor».
En sus argumentos, los fiscales señalaron que Ayala y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, fueron los ideólogos de una organización ilícita que se apropió de recursos públicos para luego blanquearlos mediante diversas maniobras.
La causa, conocida como «Lavado II» o «PIMP», busca determinar si se conformó una organización ilícita para favorecer a la empresa PIMP S.A.,con la licitación para el servicio de recolección de residuos en Resistencia. El debate, que inició el 18 de septiembre, incluyó el testimonio de 62 testigos y múltiples pruebas documentales.
Los imputados enfrentan cargos que incluyen asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado.
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