El ministro Jorge Gómez, realizó el juramento en calidad de miembro titular del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Además la secretaria general de la gobernación, Carolina Meiriño, juró como miembro suplente de la institución por parte del Poder Ejecutivo.
El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y DDHH, Jorge Gómez y la secretaria general de la gobernación, Carolina Meiriño, prestaron juramento en el Consejo de la Magistratura como representantes del Poder Ejecutivo. Sobre su nombramiento, Gómez expresó que «es un nuevo desafío en lo profesional y en lo personal. Nosotros, como parte del Poder Ejecutivo, entendemos que este es el órgano constitucional por excelencia para la elección y selección de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, y debemos trabajar a fin de generar los consensos para la elección de los futuros cargos, pensando en una justicia cada vez mejor, tanto en su administración como en su contenido.»
«Desde el Gobierno del Chaco y en lineamiento con lo expresado por el gobernador Leandro Zdero, estamos comprometidos con la plena vigencia del estado de derecho, a combatir la inseguridad jurídica y a la construcción de una justicia independiente» destaco el funcionario provincial.
En este marco, el Consejo quedó conformado por su presidente: Héctor Daniel Zalazar, e Iride Isabel María Grillo como vicepresidenta; los representantes del Ejecutivo, Jorge Gómez como miembro titular y Carolina Meiriño como suplente. En representación de los abogados del interior quedó Edgardo Gabriel Reguera y por parte del Poder Judicial, Ana Mariela Kassor. Del Poder Legislativo forman parte Carim Antonio Peche y Juan Carlos Ayala, hasta la próxima elección de los representantes de este poder.
El Consejo de la Magistratura busca seleccionar y proponer a quienes pretendan desempeñarse como jueces, fiscales, defensores y asesores, contribuyendo a la conformación del Poder Judicial.
Así también, se encuentran a su cargo las funciones de Jurado de Enjuiciamiento, para el juzgamiento de aquellos magistrados y funcionarios del Poder Judicial que hubieren cometido algún tipo de delito o falta en el ejercicio de sus funciones.
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